Solicitud Reactivación de la Actividad Profesional en la Provincia de Río Negro. 

Los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca y Alto Valle Oeste remitieron una solicitud a la Gobernadora de la Provincia de Río Negro en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, a los efectos de que se habilite el ejercicio de la actividad profesional de los abogados y abogadas matriculados en la provincia de Río Negro.

Sin soslayar la magnitud de la pandemia desatada y la obligación de actuar en consecuencia, estimaron que cabe analizar la posibilidad de garantizar la prestación de los servicios jurídicos a la sociedad a fin de que sea efectivo el pleno ejercicio de los derechos constitucionales.

La urgente petición fue emitida en virtud de los siguientes argumentos:

1- La vigencia plena e irrestricta de los derechos y garantías Constitucionales de los ciudadanos, requiere en todo momento de la debida tutela judicial y de adecuada y oportuna asistencia jurídica por parte de las abogadas y los abogados, a fin de garantizar la debida defensa de los mismos, siempre con el firme compromiso en defender y observar rigurosamente las medidas de prevención tendientes a preservar la salud pública. La asistencia letrada resulta esencial en el marco de todo Estado Democrático de Derecho, aún cuando nos encontramos frente a situaciones de Emergencia como la actual, lo  que se colige de los estándares y recomendaciones de la resolución 1/2020 (10-04-2020) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

– Las imprescindibles labores de asesoramiento, representación y defensa de ciudadanos y grupos de ellos en materia de relaciones familiares y en cuestiones laborales, sociales, penales, de consumo, civiles y comerciales y administrativas, entre otras muchas, que se producen en el marco de la emergencia vigente y en todos y en cada unos de los asuntos vinculados con los numerosas actividades y servicios que se encuentran exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 297/20, lo que resulta esencial para que aquellos no vean vulnerados sus derechos. La libertad ambulatoria resulta esencial para el ejercicio de la abogacía, y no debe ser coartada aún en estado de excepción.

Agregaron que incluso actualmente, los abogados y abogadas que deben concurrir a realizar personalmente determinados actos procesales impostergables ante la Justicia, sobre todo en materia penal y de familia, no cuentan con permisos de circulación.

-Debe asimismo considerarse que la totalidad de las abogadas y abogados matriculados en los Colegios de Abogados de la provincia de Río Negro son 2128 aprox., por lo que no representan más del 0,3% de la población total distribuidos en todo el territorio, con lo cual si a ello se le agrega que no todos los profesionales optaran por circular y gozar de su libertad ambulatoria restringida exclusivamente a la prestación de sus servicios, esto significa un volumen muy pequeño de individuos que no generará contacto social masivo, su implementación puede ser fácilmente monitoreada y fiscalizada, y los beneficios sociales en términos de garantía de derechos esenciales y servicio a la ciudadanía, resultan superlativos.

– En todas las Circunscripciones muchas de las abogadas y los abogados ejercen la profesión de manera liberal, y sus ingresos económicos provienen de las causas judiciales en trámite en los distintos tribunales y fueros de la provincia, por lo que debido a las medidas preventivas dichos ingresos se han visto frustrados, encontrando en colapso sus economías familiares y privados de sus sostén alimentario.

– En las provincias de Neuquén, San Juan, Salta, Jujuy, Misiones y Entre Ríos el ejercicio profesional del derecho fue exceptuado del aislamiento obligatorio, con la observancia de los respectivos protocolos.

– La Federación Argentina de Colegios de Abogados, en fecha 07 y 23 de abril se ha expresado en dicho sentido, solicitando al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y al Jefe de Gabinete, el dictado de la norma que permita a las abogadas y abogados trasladarse desde y hacia los lugares que se lo demande estrictamente su tarea profesional.

Asimismo se presentó un proyecto de protocolo conforme lo requiere la normativa nacional citada.

Con la seguridad de que con la implementación de las medidas solicitadas, se contribuirá a la recuperación del servicio esencial para la vigencia del estado de derecho.