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Oposición del CAV a la Ley de ART

 

Estimados colegiados, por la presente, les comunicamos que se presentó el 23 de Junio del corriente año,  al Presidente de Legislatura de la Provincia de Río Negro, una nota manifestando nuestra  oposicion al proyecto de ley de adhesión al Título I de la Ley Nacional Nº 27.348, con el tratamiento previsto en el Artículo 143º, inc. 2) de la Constitución provincial.(se adjunta).

Saludos cordiales

 

Dr. Jorge A. Manzo

Presidente del CAV


En bajar archivo, la nota completa presentada ante la Legislatura Provincial, cuyo contenido también se expresa debajo:

 

                                                       

                                                                                Viedma, 22 de Junio de 2.017.-

Sr. Presidente

Legislatura de la Provincia de Río Negro

Prof. Pedro PESATTI

SU DESPACHO

                                                             

                                   Nos dirigimos a Ud., con motivo de la remisión por parte del Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial, del proyecto de ley de adhesión al título I de la Ley Nacional Nº 27.348, con el tratamiento previsto en el Artículo 143º, Inciso 2) de la Constitución Provincial.

                                   En este sentido, en principio nos permitimos expresarle nuestra oposición al debate legislativo de un Proyecto de tal trascendencia institucional, en única vuelta y sin el paso por las Comisiones correspondientes, lo que implica ausencia de consulta a los actores sociales involucrados en la temática, tales como los representantes de los trabajadores, Cámaras Empresariales y Colegios de Abogados, entre muchos otros.

                                   Más allá de la ausencia de un debate abierto, queremos hacerle saber las preocupaciones y dudas que el citado proyecto genera, tanto en lo que refiere a su marcada inconstitucionalidad en el plano jurídico, así como sus derivaciones negativas, en cuanto se refiere a la situación de los trabajadores a los que habrá de afectar y también a las pequeñas y medianas empresas que les dan trabajo.

                                   Mediante el citado Proyecto se propone la adhesión de la Provincia al Título I de la Ley Nacional Nº 27.348, que estableció algunas reformas al régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y fundamentalmente en cuanto se refiere a la actuación de los trabajadores ante las Comisiones Médicas, en cuanto órganos administrativos de carácter federal.

                                   Básicamente, dicho título establece la obligatoriedad para el trabajador de requerir en forma previa al planteo judicial de su caso, la intervención de la Comisión Médica, así como también que la resolución de los citados organismos, harán cosa juzgada administrativa respecto a la determinación de la incapacidad correspondiente, en caso de no apelarse la resolución en el plazo correspondiente.

                                   Ciertamente, el título I de la Ley Nacional al que adhiere el Proyecto es limitativo de los derechos de los trabajadores en cuanto al acceso a la tutela judicial se refiere, y paradójicamente también, muy perjudicial para los pequeños y medianos empresarios, ello independientemente de que está en franca contradicción con los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos "Castillo" y "Obregón", por citar sólo dos, de los más emblemáticos que ha dictado nuestro último intérprete de la Constitución Nacional.

                                   En cuanto se refiere a los trabajadores, dicho título al que adhiere el Proyecto provincial, los afecta seriamente en su derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto:

                                   - Establece el paso ante dicha Comisión en forma obligatoria, lo que contradice la Jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia (Ver "Obregón" entre otros precedentes de la C.S.J.N.), e implica para el trabajador una pérdida evidente de tiempo en el reclamo de muchas patologías, por ejemplo, las afecciones columnarias, que sistemáticamente son consideradas como inculpables por dichos organismos, por lo cual el trabajador deberá esperar 60 días hábiles que pueden ser prorrogados, es decir, una demora injustificada de entre 3 y 4 meses como mínimo, que deberán ser sumados a la demora propia de todo proceso judicial. Esta restricción, o paso previo en el acceso a la Justicia ordinaria es inconstitucional.

                                   - Establece la cosa juzgada administrativa de las resoluciones de las Comisiones Médicas, cuando la Jurisprudencia en forma unánime, ha venido sosteniendo que los únicos habilitados constitucionalmente a determinar la condición profesional de una enfermedad, o laboral de un accidente, son los Jueces, y no una Comisión de tres médicos, quienes más allá de su formación en medicina, carecen totalmente de formación jurídica.

                                               Por otra parte, el eventual dictamen de los secretarios letrados de las Comisiones Médicas, no cambia lo expuesto, en primer término porque en los hechos, no se produce en los casos en que se decide la incapacidad o la vinculación con el trabajo de determinada afección, pero además, porque en definitiva la decisión termina siendo de los tres médicos que integran la Junta Médica.

                                               Y no es ocioso recordar, que conforme la Ley 24.557 el funcionamiento de las Comisiones Médicas es financiado en un 50% de su presupuesto, por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, lo que sin duda, menoscaba la imparcialidad de dichos organismos.

                                   En lo que refiere a la Pequeña y Mediana Empresa, y por consiguiente, a la estabilidad de los empleos generados por las mismas, que parece ser una preocupación de los gobiernos nacional y provincial y desde luego, del sector obrero, el Proyecto acarrea también una gran cantidad de implicancias negativas.

                                   Como primera reflexión, debe advertirse que las estadísticas a nivel provincial y nacional (con excepción quizá de la Ciudad de Buenos Aires), son contundentes:

                                   Desde la sanción de la Ley 26.773 en octubre del año 2.012, y el establecimiento de la "opción excluyente" o la eliminación de la "doble vía", el número de reclamos civiles (antes llamados "reclamos de doble via")contra las empresas disminuyó en forma drástica, y quedó reducido al mínimo.

                                   Basta consultar al respecto, a cualquier representante legal de pequeñas o medianas empresas de la zona con alta siniestralidad por el tipo de actividad (P.Ej: Fridevi en Viedma, Patagonia Norte en el Puerto de San Antonio Este), para advertir que desde la sanción de dicha Ley, los reclamos se han dirigido con exclusividad a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, y no a los empleadores, que era en definitiva el objetivo de la Ley 26.773.

                                   Con la presente Ley, dicha ecuación, en la cual el empleador contrata una ART y es ésta la que cubre los riesgos laborales, se ve seriamente afectada, por la sencilla razón de que todos aquellos casos en que exista un dictamen de Comisión Médica del que pueda aducirse cosa juzgada administrativa, implicará que el trabajador afectado necesariamente deba realizar un proceso a su empleador reclamando una indemnización civil, en el cual, pese a los mayores requisitos probatorios, el monto en caso de ser acogida la demanda será muy superior y puede implicar el desbalance económico de cualquier pequeña empresa rionegrina.

                                   En definitiva, habrá una gran mudanza de la litigiosidad por accidentes de trabajo desde las ART, hacia los empleadores, quienes asumirán estos mayores costos, pese a abonar mensualmente el costo correspondiente a la prima de cobertura de los infortunios laborales.

                                   También es necesario poner de relieve, las implicancias en el presupuesto Provincial del citado proyecto, por cuanto el título I al que adhiere establece: En todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el marco de la ley 24.557 y sus modificatorias deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo reemplace, lo que implicará para la Provincia la contratación de una gran cantidad de profesionales médicos (mínimo un promedio de 6 por Jurisdicción), para llevar a cabo las pericias en los procesos judiciales correspondientes, lo que en definitiva representará un costo anual que sin duda, rondará entre los 20 y 30 millones de pesos anuales, estimativamente.

                                   Por último, advertimos la manifiesta inconstitucionalidad del Título I de la Ley Nacional 27.348 y consecuentemente de una eventual Ley provincial de adhesión al mismo, dado que la autonomía provincial, no es disponible por las Provincias.

                                   En efecto, la citada Ley Nacional establece:

                                   La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.
                                   En tal sentido, no es en balde se
ñalar que el reparto de competencias entre la Nación y las Provincias, se realizó a través de una Asamblea Constituyente, tal como ocurrió en 1.853-1.860 y más recientemente en la reforma parcial de 1.994.

                                   Huelga decir que la Provincia de Rio Negro, no puede ceder su autonomía o parte de la misma, a favor del Estado Nacional, mediante una "delegación de competencias", pues dicha Delegación ya fue efectuada en la Asamblea Constituyente al sancionarse la Constitución Nacional.

                                   Por lo expuesto, no dudamos que una ley de adhesión a la Ley Nº 27.348, resultaría violatoria del artículo 12 de la Constitución Provincial, y desde luego, del artículo 121 de la Constitución Provincial, por cuanto la autonomía provincial, no es disponible o renunciable.

                                   Sin ser para más, y esperando contar con la debida participación en el debate  del Proyecto de Ley referido, lo saludamos Atte.

 

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